ALERTA POR LA SOBERANÍA: MILEI AVANZA CON LA PRIVATIZACIÓN DEL CONTROL NUCLEAR ARGENTINO

El gobierno aprobó ayer, mediante el Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial y con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA‑SA), empresa que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

La norma autoriza la venta del 44 % de las acciones mediante una licitación pública abierta a nivel nacional e internacional; el Estado conservará el 51 % restante, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y un 5 % será asignado a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Desde su creación en 1994 por el Decreto 1540/94, NA‑SA se encargó de responsabilizarse por la generación de energía en Atucha I y Embalse, así como de la construcción y operación de Atucha II, bajo estrictas normas de seguridad nuclear y radiológica.

El decreto designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación y le otorga la facultad de dictar los reglamentos operativos necesarios. También intervienen la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la Secretaría de Trabajo y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

Entre los argumentos oficiales se destaca que la explotación nuclear ya figuraba desde los años noventa como actividad “sujeta a privatización”, y la Ley 27.742 (Ley de Bases) ratificó esa posibilidad en 2024, siempre que el Estado mantenga la mayoría de control.

En el plano legislativo, el senador José Mayans presentó un proyecto para frenar la venta del 44 % de la empresa, mientras que en la Cámara de Diputados, la legisladora Agustina Propato propuso prohibir cualquier transferencia o uso como garantía de las centrales nucleares, alegando que son bienes esenciales para la seguridad nacional.

La oposición apuesta a que estos proyectos ingresen rápido en la agenda parlamentaria y confía en que algunos legisladores que apoyaron la Ley de Bases puedan cambiar de postura frente a esta privatización.

Un dato que generó inquietud fue un comunicado de la Subsecretaría de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de EE. UU., publicado durante una misión argentina en Nueva York, en el que expresó su interés por cooperar en materia de energía nuclear.

Desde el Partido Justicialista acusaron que esta privatización no responde a un plan serio de desarrollo de la energía atómica, sino a un alineamiento geopolítico que, según ellos, tiende a paralizar la tecnología nuclear argentina bajo influencia externa.

En este mismo contexto, Propato y el exvicepresidente de la CNEA Diego Hurtado denunciaron que el Gobierno detuvo el proyecto CAREM —que ya llevaba un 64 % de avance— para favorecer intereses externos que apuestan a desarrollar pequeños reactores nucleares.

Desde el Ejecutivo, en cambio, se defiende que la entrada de capital privado permitirá garantizar la continuidad operativa de NA‑SA de manera más eficiente, además de aportar recursos para prolongar la vida útil de Atucha I y gestionar el combustible gastado de Atucha II. Señalan también que, pese a que en 2024 la empresa marcó un récord histórico de generación (más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3 %), depende de aportes estatales: sólo en 2023 recibió 700 millones de pesos en transferencias no reintegrables.

Actualmente, las acciones de NA‑SA están divididas entre el Ministerio de Economía (79 %), la CNEA (20 %) y Energía Argentina S.A. (1 %). Bajo el nuevo esquema, esas participaciones serán transferidas a la Secretaría de Energía para habilitar el proceso licitatorio.

Fuente: ELTUCUMANO