JUEZ FEDERAL ASUME EN ATLÉTICO TUCUMÁN A PESAR DE LA PROHIBICIÓN Y EVITA LA FOTO OFICIAL

La toma irregular de un cargo directivo podría constituir una falta en el cumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que según los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, es motivo suficiente para un juicio político.

El Consejo de la Magistratura está facultado para iniciar el proceso disciplinario pertinente y aplicar sanciones que van desde una simple advertencia hasta la destitución, conforme a lo establecido por la Ley 24.937.

Cabe destacar que este organismo ya ha separado de sus cargos a magistrados por incumplir las normas sobre incompatibilidades.

Las imágenes del acto de asunción ponen en evidencia una estrategia intencional que demuestra plena conciencia de la irregularidad por parte de Poviña, quien:

Asumió un cargo que está prohibido por la ley federal.
Evitó aparecer en la fotografía oficial grupal del evento.
Apareció solo parcialmente en una imagen lateral, minimizando así su visibilidad pública.
Mantiene su cargo a pesar de estar al tanto de la ilegalidad de su situación.
Este comportamiento indica que no se trata de un error o desconocimiento de la normativa, sino de una decisión deliberada de violar la ley, confiando en la impunidad del sistema judicial tucumano.

Esta omisión contrasta notablemente con la conducta de otros magistrados del país que cumplen rigurosamente con la normativa vigente, como se observa en la Resolución CSJN Nº 926/2025, que autoriza a la doctora Mirta G. Sotelo de Andreau (Cámara Federal de Corrientes) a integrar la Asociación Argentina de Derecho Administrativo; la Resolución CSJN Nº 2006/2024, que permite al magistrado Omar Luis Díaz Solimine formar parte de la comisión directiva del Club Atlético Huracán; o la Resolución CSJN Nº 1580/2024, que autoriza al juez Patricio Maraniello a presidir la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.

La falta de intervención por parte de los abogados Mario Leito, Golobisky y Gonzalo Carrillo, quienes como directivos del club respaldaron la candidatura irregular de Poviña, genera serias dudas sobre su ética profesional. Como abogados y dirigentes, tenían la responsabilidad de conocer y respetar la normativa judicial vigente.

Su apoyo a la resolución de la Junta Electoral, que ignoró una prohibición legal vigente, los convierte en partícipes necesarios de esta violación, comprometiendo no solo a Poviña, sino a toda la dirigencia que avaló conscientemente esta transgresión.

El caso de Poviña pone en evidencia una nueva crisis de confianza en el sistema judicial tucumano: un magistrado federal que jura cumplir la ley, pero la infringe deliberadamente y es respaldado por abogados que deberían defender la legalidad, representa un serio atentado contra los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Por último, la consulta realizada a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán no encontró ninguna autorización institucional para que el camarista participe en la comisión directiva del club, confirmando que esta infracción se llevó a cabo sin respaldo institucional alguno. 

Fuente: EL TUCUMANO